Entrevista a Javier Sigüenza, Secretario General de AMI

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Javier Sigüenza. Secretario General de la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos, AMI.

  • Vd. es secretario general de AMI, ¿Cuáles son los principales objetivos de la asociación?

AMI, desde su constitución en 1.999 ha buscado una colaboración leal con las Administraciones Públicas encaminada a que se produzca una apuesta decidida por la licitación de servicios energéticos que conlleven la consecución de los necesarios ahorros.

Asimismo, en colaboración con las instituciones europeas, buscamos que la normativa europea de eficiencia energética avance en pro de la independencia energética.

  • ¿Qué factores deben darse para el desarrollo de una rehabilitación y regeneración urbanas?, ¿A qué retos se enfrentan las empresas de AMI en estos momentos?

Desde AMI hemos apostado siempre por rehabilitaciones y regeneraciones que afecten a un número sustancial de edificios y que permitan por tanto proceder a un traslado del riesgo a empresas de servicios energéticos capaces de afrontar inversiones en dicha rehabilitación.

Desgraciadamente aún hay ayuntamientos que no han entendido que es mucho más rentable proceder a realizar proyectos sustanciales y siguen optando por rehabilitaciones de carácter individual a realizar directamente por los propietarios; ello conlleva una gran ineficacia así como problemas fiscales para los destinatarios de las subvenciones a nivel individual.

Recuerdo cuando hace años procedimos a hacer ver a las instituciones gubernamentales la conveniencia de que las empresas de servicios energéticos pudiesen ser también destinatarias de las ayudas para afrontar proyectos de eficiencia energética; y así se generalizó en nuestras administraciones dicha posibilidad con resultados muy positivos. Sin embargo para algunos ayuntamientos, contemplar si quiera la posibilidad de que sea la empresa la que afronte la inversión y el riesgo es rechazado por una concepción de la economía intervenida que nos recuerda épocas pasadas.

  • A menudo se habla del parque inmobiliario tan obsoleto que existe en nuestro país y de las posibilidades que todo ello abre a la rehabilitación, ¿Se es consecuente con este hecho desde las Administraciones?

Nosotros pensamos que si, pero sobre todo lo observamos en quienes menos competencias tienen para llevarlas a cabo. Desde el Ministerio de Fomento se impulsó un plan estratégico en el que participamos las principales asociaciones sectoriales y que dio lugar a un documento francamente interesante, con múltiples medidas a lleva a cabo.

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Como antes he comentado, muchas de dichas medidas deben ser puestas en marcha por las entidades locales y, por desconocimiento o por motivos políticos muchos ayuntamientos ni se plantean dichas cuestiones.

  • El pasado año, coincidiendo con 15º Aniversario de AMI se presentó el Plan AREA de Rehabilitación Energética de los Edificios de la Administración General del Estado. ¿Cuáles son sus principales conclusiones?, ¿Qué potencial de ahorro hay en los edificios de la AGE?

En efecto, consecuencia del artículo 5 de la Directiva 2012/27 de Eficiencia Energética, cada Estado debe asegurarse que el 3% de la superficie total de los edificios que tenga en propiedad y ocupe la Administración central sea renovada, renovación que afectaría (con excepciones) a todos los edificios con sistemas de calor o frío para alcanzar determinados requisitos de rendimiento energético.

España realizó los inventarios de edificios y se identificaron mas de mil setecientos edificios, con una superficie de más de once millones de m2 y un consumo de 1.111 Gwh/año.
Un mero cálculo matemático nos muestra que cada año deberían renovarse al menos casi 350 mil metros cuadrados.

Los resultados del plan AREA realizado por nuestro departamento de estuidios muestra que llevar a cabo tal renovación conllevaría un ahorro anual en consumo energético de más de 35 millones de euros, supondría un aumento en el PIB de más de 700 millones de euros, la creación de más de 5.400 empleos estables, y un retorno fiscal de cerca de 190 millones de euros.

Por otra parte, si se pusieran en marcha dichas rehabilitaciones en los más de 127 millones m2 de edificios de titularidad pública, la magnitud del impacto se multiplicaría considerablemente, puesto que conllevaría un ahorro anual en consumo de energía de más de 400 millones de euros anuales. Asimismo supondría un aumento en el PIB de más de 8.045 millones de euros y la creación de más de 62.000 puestos de trabajo. El efecto fiscal de dicho actuación ascendería a unos 2.130 millones de euros, con una notable reducción de las importaciones de energía.

  • ¿Por qué no se lleva a cabo un plan de estas características?, ¿Cree que es factible ponerlo en práctica ahora ya con un gobierno recién constituido?

Desgraciadamente España se encuentra en situación de déficit excesivo, por lo que todo el plan de licitación de servicios energéticos de edificios de la Administración General del Estado fue parado, Todo ello se debió a una interpretación, a nuestro juicio muy estricta, de las reglas de Eursotat acerca de la computación en las cuentas de la Administración de las inversiones que deben realizarse en dichas licitaciones.

Se puede poner perfectamente en marcha a través de mecanismos jurídicos que hacen que dichas inversiones no computen, como han realizado diversas administraciones autonómicas y ayuntamientos. Desde AMI hemos ofrecido dichas posibilidades y hemos asesorado en cómo realizarlo pero no ha sido posible conseguirlo en la Administración general del Estado.

En la actualidad estamos ante un momento clave ya que AMI en los últimos años ha liderado un grupo de trabajo internacional encaminado a conseguir que la Comisión Europea (y en concreto Eurostat), cambiase su interpretación acerca de la computación cómo déficit de las inversiones que se realizan por el socio privado en los contratos de servicios energéticos de los edificios de la administración pública. Tras conseguir el apoyo explícito de la asociación de Agencias locales y autonómicas de Energía (FEDARENE) y de Climate Alliance (que agrupa a casi 1700 municipios) se ha obtenido una petición formal de cuatro estados miembros instando a dicho cambio que va a ser abordado en las próximas semanas.

Tras la toma de posesión del nuevo Gobierno hemos solicitado formalmente el apoyo del Gobierno de España a dicho cambio interpretativo.

  • ¿Cuál es el papel que han de jugar los proveedores de servicios energéticos en la rehabilitación edificatoria?

Nos gusta distinguir entre proveedores de servicios energéticos y empresas de servicios energéticos. Una empresa de servicios energéticos (ESE) es aquel proveedores de servicios energéticos que proporciona servicios energéticos que incluyan la realización de inversiones para optimizar la calidad y la reducción de los costes energéticos, en las instalaciones o locales de un usuario y afronte cierto grado de riesgo económico al hacerlo. Y además una auténtica empresa de servicios energéticos además de la construcción, instalación o transformación de obras, equipos y sistemas, debería llevar a cabo su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación y su gestión.

Trasladar la figura de la empresa de servicios energéticos a la rehabilitación edificatoria no es más que apostar por un sistema de rehabilitación que se lleva a cabo por empresas expertas, que asumen riesgos e inversiones; pues están dispuestas a garantizar ahorros gracias a dichas inversiones.

  • AMI es miembro fundacional del Clúster Mejores Edificios ¿Qué puede aportar el Clúster y qué espera del mismo?

El Cluster debería ser el lugar en donde puedan proporcionarse a nuestros responsables las ideas y herramientas para impulsar definitivamente la rehabilitación edificatoria. Un lugar de encuentro de todos los actores involucrados para poner en común estrategias encaminadas a dicho fin.