La Comunidad de Madrid contará con una nueva Ley de Urbanismo y Suelo

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madrid - ME

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado 4 de abril el proyecto de la nueva Ley de Urbanismo y Suelo, que será remitido a la Asamblea, donde comenzará el trámite de debate. El objetivo es, según indica la Comunidad de Madrid, aprobar el texto definitivo antes del verano y conseguir una Ley que cuente con el mayor consenso posible. El proyecto busca beneficiar a todos los municipios con independencia de ubicación o tamaño y por tanto a todos los madrileños.

Una de las principales novedades que incorpora esta Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid es adaptar el planeamiento a cada municipio en función de sus características, incluyendo la posibilidad de llevar a cabo un Plan General de Ordenación Urbana Simplificado, diseñado para los municipios de menos de 5.000 habitantes y hasta 6 millones de presupuesto.

La nueva Ley apuesta por un desarrollo urbano sostenible basado sobre todo en la rehabilitación y la regeneración urbana y, para ello, se dota a las medianas y grandes ciudades de nuevos instrumentos como los programas municipales de actuación sobre el medio urbano, cuya elaboración será voluntaria y que permitirán que las alteraciones del planeamiento necesarias para desarrollar y ejecutar actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana que se incluyan en los mismos sólo requieran la aprobación de planes especiales, sin que sea necesario modificar el planeamiento general como hasta ahora.

Nueva regulación de las clases de suelo

La nueva Ley mantiene las clases de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable pero con modificaciones, como que el suelo que hasta ahora se consideraba suelo urbanizable no sectorizado pasa a ser suelo no urbanizable común. Este cambio de denominación consigue aclarar los términos y clarificar en qué suelos se puede desarrollar o no.

El espíritu de la nueva Ley pretende abrir el urbanismo a todos los madrileños y hacerlo plenamente transparente. Para ello, dedica su primer título en exclusiva a establecer las reglas relativas a la información urbanística y a consagrar el derecho a la participación ciudadana en el planeamiento de sus localidades, adaptando la norma a la Ley de Transparencia y a las nuevas disposiciones estatales sobre procedimientos administrativos

Además de quedar reflejado en la ley, los municipios estarán obligados a facilitar indicadores de información que permitan conocer el seguimiento de su desarrollo, el progreso del PGOU y, en su caso, la necesidad de su revisión.

Plazo de adaptación

Una vez aprobada la Ley, todos los municipios de la región tendrán un plazo de cuatro años para adaptar su planeamiento a las nuevas disposiciones. Si trascurrido este tiempo no han actualizado su Plan general, éste seguirá vigente pero no podrán llevar a cabo ninguna modificación puntual.

Este proyecto que ahora se remite a la Asamblea es el resultado de los trabajos realizados por las mesas Política y de Técnica que durante el último año se han convocado mensualmente para conseguir una norma con el mayor grado de consenso posible. A estas mesas han estado invitados todos los agentes implicados en el sector así como todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid.