El Congreso toma iniciativas para paliar la pobreza energética

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La mayoría de los políticos se han puesto de acuerdo, al menos en esto. La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción por la que se insta al Gobierno a crear un fondo de protección con la participación de comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas con el objetivo de paliar los efectos de la pobreza energética.

La moción se incluye dentro de la enmienda transaccional acordada por PP, PSOE y Ciudadanos, y que contó con el apoyo de todos los grupos políticos excepto Podemos y ERC, que se abstuvieron.

El documento aprobado recogía los tres primeros puntos de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos con distintas medidas para paliar los efectos de la pobreza energética y pidiendo que este problema sea una prioridad de la política energética española. Tanto PSOE como el PP, finalmente, realizaron varias aportaciones como la participación de las empresas energéticas en estos fondos (aunque ya la incluía Ciudadanos en su iniciativa) para evitar cortes de luz.

Un punto importante que recoge esta moción es la necesidad de mejorar la eficiencia energética e incorporar “servicios energéticos avanzados” a estas personas en situación de dificultad dentro de los planes de rehabilitación de edificios.

Además se insta a establecer la obligatoriedad de, antes de interrumpir el servicio, avisar por parte de las compañías con el fin de que los servicios sociales puedan valorar la situación de los afectados, así como se pide limitar los cortes de electricidad y de gas para personas reconocidas como “vulnerables” en período invernal. La moción también solicita que se regule un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano para todos los hogares con poder adquisitivo reducido, en el que “se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente”.

Por último, se plantea la necesidad de introducir criterios de renta a la hora de acceder al bono social, una rebaja del 25% en la factura que pueden solicitar algunos colectivos. Asimismo, pide que los servicios sociales puedan gestionar directamente la solicitud de dicho bono social por parte de las familias en situación de vulnerabilidad.