Las administraciones Públicas Vascas serán más sostenibles

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El Consejo del Gobierno Vasco ha dado luz verde al “Proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas“, que afectará a todas las instituciones de ámbito municipal, territorial y de la CAE, encaminada a la reducción del  consumo energético, el impulso de la sostenibilidad energética, y la protección del medio ambiente mediante la implantación de instalaciones de energía renovable en edificios públicos.

La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, compareció en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno para explicar los detalles de este Proyecto de Ley, que es el número 29 que aprueba el Gobierno vasco y envia al Parlamento en el marco del “Programa Legislativo de la Décima Legislatura”, que contempla la aprobación de 29 proyectos de ley.

Arantxa Tapia ha destacado que el propósito del Gobierno vasco es ser una Administración Pública “responsable, ejemplar y referente en cambio climático”, además Tapia ha añadido que para lograr la implicación de todos los agentes de la sociedad vasca es necesario impulsar una “acción ejemplarizante” desde todos los órganos de la administración pública.

El Proyecto de Ley tiene como finalidad principal que las administraciones, cada una en su ámbito, alcancen una reducción del consumo de energía del 25% en 2025. Además, destacan otros objetivos como:

  • Impulsar la eficiencia en el uso de la energía y la promoción del ahorro
  • Promocionar e implantar las energías renovables
  • Promocionar y fomentar el transporte con combustibles alternativos
  • Integrar los requisitos de la sostenibilidad energética en las distintas políticas públicas y, en particular, en las de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y transportes

Entre las medidas concretas que recoge el texto aprobado se encuentran el control de consumos, auditorías energéticas y planes de actuación energética.  Además, entre otros, cada administración deberá lograr para 2025 que, al menos, un 25% de sus edificios disponga de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables, todos los edificios de la administración deberán disponer de Certificado de Eficiencia Energética en el plazo de dos años y a partir de 2020, el 100% de sus vehículos que se adquieran deberán utilizar combustibles alternativos.