Los constructores europeos proponen doce medidas para una mayor coordinación de los sistemas de seguridad social

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La Confederación Europea de Constructores (EBC) considera que la revisión del Reglamento sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (883/2004 y 987/2009) es una oportunidad para reforzar la dimensión social de la Unión Europea, especialmente en el ámbito del desplazamiento de los trabajadores. La revisión brindará a las autoridades nacionales medios concretos para verificar el estado de la seguridad social de los trabajadores y para remediar prácticas injustas o abusivas, teniendo en cuenta que varios abusos de las contribuciones a la seguridad social provienen de actividades de traslado.

El presidente de EBC Patrick Liébus declaró: “El marco europeo actual para la coordinación de los sistemas de seguridad social ofrece margen para la competencia desleal para las PYMEs de la construcción y el trato injusto para los trabajadores que se ven privados del ejercicio efectivo de sus derechos sociales y laborales. Necesitamos remedios legislativos y prácticos para la falta de coordinación dentro y entre los Estados miembros, la falta de transparencia y comprensión de las normas existentes y su aplicación desigual e inadecuada”.

Aunque EBC apoya la revisión de los Reglamentos 883/2004 y 987/2009, las instituciones europeas deberían tener en cuenta las propuestas de PYMEs y artesanos de la construcción para mejorar la coordinación de los sistemas de seguridad social en la Unión Europea. Los detalles completos de este plan de doce puntos están disponibles en el documento de posición de EBC sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.

Las normas de seguridad social para los trabajadores desplazados deben reflejar la realidad del mercado laboral:

  • Las normas de seguridad social de los países anfitriones deberían aplicarse después de los 6 meses posteriores al inicio de la actividad de publicación, y las posibles excepciones deberían seguir las normas de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores;
  • El empleado trasladado debería haber estado afiliado al sistema de seguridad social de su país de origen durante al menos 6 meses antes del inicio de la actividad de publicación;
  • La “actividad sustancial” del empleador en el Estado miembro de origen debería definirse mejor y cualquier umbral debería ser al menos el 25% del volumen de negocios total.
  • Para los trabajadores que trabajan en dos o más Estados miembros, se debe introducir un límite de tiempo máximo después de lo cual se debe revisar la situación del trabajador;
  • Las normas de seguridad social deben ser aplicables a los trabajadores desplazados no pertenecientes a la UE que no tienen su lugar de residencia legal dentro de la UE;
  • Se necesita información de más confianza y transparente sobre los formularios A1
  • El formulario PD A1 debe estar estandarizado, desarrollado en un formato electrónico, y los socios sociales deben ser consultados sobre sus detalles.
  • Los formularios PD A1 deben emitirse antes del inicio de la actividad de publicación, sin efecto retroactivo;
  • El Estado miembro de acogida debería tener derecho a evaluar si el formulario PD A1 es genuino y rechazarlo en algunas circunstancias;
  • Debería crearse una base de datos electrónica europea común de formularios PD A1 para facilitar la cooperación entre los servicios de inspección del trabajo y los Estados miembros. La aplicación de las normas de seguridad social debería mejorarse a nivel nacional
  • Los Estados miembros deben garantizar que exista un sistema de inspección de alta calidad y éxito, y que las multas y sanciones sean proporcionales y adecuadas a la infracción de las normas.
  • Debería crearse una lista negra a escala de la UE para las empresas que infrinjan la legislación laboral y social europea,
  • La Comisión Europea debería supervisar y difundir las mejores prácticas sobre prevención y control del fraude en viviendas privadas.

Para obtener más información, consulte aquí el documento de posición de EBC sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.