Nueva Ley de Contratos del Sector Público

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contratación publica

Ha sido una de las grandes novedades legislativas en 2017 y empezará a aplicarse en marzo de este 2018. Hablamos de la nueva Ley Contratos Sector Público, en concreto de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que, aun con retraso ha sido la gran esperada y con la que nuestro país cumple la transposición de las directivas europeas aprobadas en 2014.

Con esta nueva Ley, se pretende lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio.

Cabe mencionar la forma en que fue aprobada: El Congreso rechazó las enmiendas propuestas por el Partido Popular en el Senado con 171 votos en contra y 164 a favor (el propio PP, Ciudadanos, Foro Asturias, Coalición Canaria y UPN).  El 9 de noviembre se publicaba en el BOE y entrará en vigor el 8 de marzo de 2018 (4 meses después de su publicación).

Principales novedades y contenidos

La nueva Ley incluye entre los criterios de adjudicación los aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

Esta Ley trata de diseñar un sistema de contratación pública que asegure la eficiencia en el caso público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos.

Persigue una mayor seguridad jurídica y trata de conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES y de defensa de la competencia.

  • Trámites administrativos 

También pretende que se simplifiquen los trámites administrativos y con ello, de imponer una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las PYMES. El proceso de licitación debe resultar más simple, con la idea de reducir las cargas administrativas de todos los operadores económicos intervinientes en este ámbito, beneficiando así tanto a los licitadores, como a los órganos de contratación. En ese sentido, se establece la obligación de la factura electrónica o se mantiene el uso de la declaración responsable, pero se amplía el espectro de casos en los que se utiliza y se regula pormenorizadamente su contenido.

También se introduce un nuevo procedimiento, el denominado de asociación para la innovación y se crea la figura del procedimiento abierto simplificado, que se trata de un procedimiento ágil que debería permitir que el contrato estuviera adjudicado en el plazo de un mes cuyos trámites se simplifican al máximo. Este nuevo proceso se podrá utilizar en contratos de obras de menos de dos millones o de suministro y servicios de menos de 100.000 euros en los que los criterios de adjudicación mediante juicios de valor no superen el 25% del total. La licitación se publicará solo en el perfil del contratante y los plazos de presentación de proposiciones, adjudicación y formalización son más cortos y sencillos. Eso sí, el procedimiento negociado no desaparece, aunque en este se suprime la posibilidad de uso del mismo con o sin publicidad por razón de la cuantía y se suprime la aplicación de este procedimiento respecto a las obras y servicios complementarios.

  • Investigación y desarrollo

También hay espacio en la nueva Ley para la I+D, destacando la introducción del nuevo procedimiento de asociación para la innovación, el cual se ha previsto expresamente para aquellos casos que resulte necesario realizar actividades de investigación y desarrollo en supuestos en que las soluciones disponibles en el mercado no satisfagan las necesidades del órgano de contratación.

  • Tratamiento a las Pymes

En lo que se refiere al tratamiento a las Pymes, se intenta favorecer la contratación con las pequeñas y medianas empresas y la prevalencia de la división en lotes. En ese sentido hay novedades: la obligación de comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista principal hace al subcontratista, así como el régimen más rigorista que respecto de los plazos de pago debe cumplir tanto la Administración como el contratista principal. También medidas más específicas, como la nueva regulación de la división en lotes de los contratos y la inclusión como criterio de solvencia el de que tendrá que justificar el adjudicatario del contrato el cumplimiento con los plazos establecidos por la normativa vigente sobre pago a proveedores. Se establece que todas las condiciones especiales de ejecución del contrato se exigirán igualmente a los subcontratistas que participen en el mismo.

  • Más transparencia y control

Se introducen en la nueva Ley medidas centradas en la obligación de publicar los informes que justifican las decisiones que se tomen. A partir de marzo de 2018, los contratos públicos deberán incluir información de aspectos como los nombres de todos los licitadores participantes, los informes previos o la composición de las UTEs que se lleven contratos públicos, por qué se pueden hacer modificaciones, justificación de una baja temeraria o quienes deciden quién se lleva un contrato.

Toda esa información se publicará en los perfiles del contratante de cada administración y en la Plataforma de Contratos del Sector Público de forma abierta, en formatos reutilizables y, como mínimo, por un periodo de cinco años. Pero, además, se podrán solicitar contratos anteriores vía solicitud de acceso a la información.

valencia edificios inteligentesLa norma crea un nuevo organismo de supervisión, destinado a vigilar el cumplimiento de la ley, garantiza la libre concurrencia y detectar prácticas corruptas: la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, cuya independencia habrá que ponerla en entredicho dado que sus miembros, funcionarios, serán nombrados por el Gobierno y dependerá orgánicamente del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Otras novedades y aspectos destacados

  • Se incrementan los controles sobre la morosidad
  • Se suprime la posibilidad de contratación sin publicidad
  • Se establece la posibilidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas
  • Se incluyen las denominadas “consultas preliminares de mercado” un aspectos de  potencial relevancia práctica
  • Los contratos de obras, concesión de obras, servicios, suministros y contratos mixtos adjudicados por parte de sujetos pertenecientes al sector público se regirán por esta nueva Ley.
  • También quedan bajo este marco legal las fundaciones públicas participadas en un 50 por ciento o más por sujetos pertenecientes al sector público, las Universidades Públicas, las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, las Entidades Públicas Empresariales; las entidades con personalidad jurídica creadas para satisfacer una demanda de interés general y los partidos políticos, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos; y las Corporaciones de derecho público que cumplan los requisitos para ser poder adjudicador.
  • Quedan excluidos los contratos en materia de Defensa y Seguridad derivados del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los basados en la investigación y desarrollo de un nuevo producto, o las compras, suministros, obras y servicios en países terceros ajenos a la Unión Europea donde estén desplegadas las Fuerzas Armadas. Tampoco se aplica a los contratos celebrados entre el Estado y otros Estados o sujetos de derecho internacional; ni a las adjudicaciones o contrataciones que atiendan a procedimientos establecidos por organismos de ámbito internacional.

Diferentes opiniones

Desde la patronal de la construcción, CNC, se ha emitido una nota en la que se indica que “Con esta norma se moderniza la Contratación Pública, se introduce la posibilidad de exigir criterios sociales, medioambientales, se ponen mayores controles para los pagos de la Administración al adjudicatario y del adjudicatario a los subcontratistas, se establecen una serie de ventajas para las Pymes -como la necesaria división en lotes de los contratos- se exige el respeto a las normas de calidad medioambientales y sociales y a los convenios colectivos, se establecen nuevas obligaciones en torno a las bajas anormales o desproporcionadas, se recoge un nuevo régimen de pagos y se establece un nuevo sistema para las modificaciones del contrato.

Con esta ley se moderniza la contratación pública y se va a cambiar de manera sensible la forma de licitar, adjudicar, ejecutar y liquidar los contratos, abandonando el antiguo sistema y pasando a buscar la adjudicación del contrato sobre la base de la mejor relación calidad-precio, valorando la relación coste-eficacia y el cálculo del coste de su ciclo de vida.

En definitiva se han introducido novedades en cuanto a la solvencia de las empresas, a la forma de adjudicar los contratos y a la forma de ejecutarlos, recogiendo asimismo -a través de un nuevo régimen de pagos- un nuevo sistema más transparente y que quiere fomentar el pago en plazo en la contratación pública”.

Jose María Gimeno Feliu, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, indica que “La nueva Ley de Contratos del Sector Público es una ventana de oportunidad para recuperar el liderazgo institucional público con y desde la contratación pública”.

Para Jordi Ludevid, presidente del CSCAE, ”La nueva LCSP supone un cambio de paradigma en la contratación de servicios de arquitectura, al contemplarlos como sujeto específico de contratación, además de acabar con las bajas temerarias, al primar la calidad de las propuestas que se presenten frente al coste de ejecución con decisiones vinculantes de los Jurados”.

Por su parte, las once principales ingenierías de nuestro país, representadas en el Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX), propone como referencia los pliegos de contratación que utilizan organismos como la Comisión Europea para valorar los criterios técnicos en las ofertas.

Para las ingenierías, la  Ley de Contratos del Sector Público, permitirá zanjar la contratación de ingeniería low cost en nuestro país aunque, se pide que las administraciones y entidades públicas no se limiten a otorgar al criterio técnico el 51% mínimo que permite la ley, sino que se alcance el 80% en los pliegos de contratación (y el 20% restante al precio). A este respecto, FIDEX solicitó al Ministerio de Fomento que, aprovechando el cambio del marco legal, no se ciña a los límites mínimos que marca la nueva legislación, sino que contrate como hacen los países más desarrollados y los grandes organismos internacionales tipo Banco Mundial, la Comisión Europea o los bancos de desarrollo europeo, americano y africano, que  puntúan las ofertas otorgando a la calidad un 80% y al precio un 20% (el Banco Asiático de Desarrollo va un paso más allá y establece la relación en un 90-10).